León, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Édgar Francisco “N” recibió una sentencia total de mil 18 años y cuatro meses de prisión por fraude, luego de que se acreditara que ofrecía inmuebles mediante supuestos remates bancarios sin contar con derechos legales para venderlos.
El caso se relaciona con el despacho jurídico “Punto Legal”, desde donde se promovían propiedades como si estuvieran disponibles dentro de procesos bancarios o litigios. Sin embargo, las investigaciones establecieron que los inmuebles no se encontraban en remate y que el ahora sentenciado no tenía facultades para negociar su venta.
Así operaba el esquema de los falsos remates bancarios
Las familias afectadas buscaban una opción para adquirir vivienda y acudieron a las ofertas presentadas por el despacho. De acuerdo con la Fiscalía, el esquema consistía en solicitar dinero a las personas interesadas bajo la promesa de que podrían obtener una propiedad.
Con el avance de las investigaciones, las autoridades reunieron elementos para acreditar que los inmuebles ofrecidos no podían ser vendidos por quien los promocionaba. El dinero entregado por las víctimas no se tradujo en la compra de una vivienda ni en la recuperación de su inversión.
El expediente reúne a 107 familias de León que resultaron afectadas por este mecanismo. La cifra muestra el alcance de un tipo de fraude que suele aprovechar el interés por encontrar casas a precios menores a los del mercado.
Dos sentencias dictadas en junio de 2026
La condena se integra por dos resoluciones emitidas a finales de junio. El 26 de junio, un tribunal dictó una pena de 438 años y cuatro meses de prisión. Cuatro días después, el 30 de junio, se sumó otra sentencia de 580 años.
Ambas penas acumulan mil 18 años y cuatro meses de cárcel por el delito de fraude. Aunque la suma llama la atención por superar el milenio, la legislación penal de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión como límite para el cumplimiento de una condena.
La relevancia del fallo también está en la reparación del daño ordenada para las personas afectadas. El sentenciado deberá cubrir 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material, además de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios.
Más de 33 millones de pesos para las víctimas
En total, la resolución judicial contempla más de 33 millones de pesos para compensar las pérdidas derivadas de las operaciones vinculadas con los supuestos remates bancarios.
La Fiscalía señaló que mantendrá seguimiento al cumplimiento de la sentencia y de las medidas de reparación. Para las familias involucradas, el proceso no solo representa una condena penal, sino una ruta para intentar recuperar parte de los recursos entregados al confiar en una oferta de vivienda que no tenía respaldo legal.